France 25/06/20261Añadir a favoritos

El alcalde de Chessy tuvo que celebrar el matrimonio de un ciudadano argelino bajo obligación de abandonar el territorio francés. El caso revela una incoherencia jurídica profunda, ahora en debate en la Asamblea Nacional.
El alcalde de Chessy (Seine-et-Marne) celebró en junio de 2026 el matrimonio de un ciudadano argelino sujeto a una obligación de abandonar el territorio francés (OQTF). Declaró al Figaro haber querido "poner al Estado frente a sus incoherencias": la ley francesa obliga a un alcalde a casar a dos personas si una de ellas posee un título de residencia válido, incluso si la otra se encuentra en situación irregular con una medida de expulsión en curso.
Este caso ha provocado una reacción parlamentaria inmediata. La UDR de Eric Ciotti presentó una propuesta de ley para prohibir el matrimonio de extranjeros en situación irregular bajo OQTF. El texto será examinado con el posible apoyo de Los Republicanos.
La incoherencia es jurídica: una OQTF significa que el Estado ha decidido que la presencia de la persona en el territorio es contraria al orden público, pero la ley sobre el matrimonio civil no prevé la verificación del título de residencia.
El caso del alcalde de Chessy no es un suceso menor: es un revelador de la tensión entre dos derechos concurrentes en la ley francesa: el derecho al matrimonio (reconocido como derecho fundamental por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 12) y el derecho del Estado a controlar su territorio y sus fronteras.
La propuesta de Ciotti plantea una cuestión que ni la derecha republicana ni la izquierda progresista han resuelto por completo: ¿puede utilizarse el matrimonio civil para regularizar una situación irregular? La respuesta del derecho positivo es matizada, pero la respuesta de la opinión pública es cada vez más tajante.
La Iglesia católica defiende con constancia el valor del matrimonio como institución natural, anterior al Estado. No podría aprobar una ley que prohibiera a dos personas casarse por motivo del título de residencia de una de ellas —esto sería subordinar una institución natural a un acto administrativo.
Pero también recuerda que la autoridad civil tiene el derecho y el deber de regular las migraciones, y que el matrimonio no debe ser instrumentalizado como vía de regularización. La distinción entre el matrimonio como alianza de dos personas libres y el matrimonio como estrategia migratoria está en el centro de este debate, que el derecho canónico, por su parte, resolvió hace tiempo.
La verdadera pregunta que plantea el caso de Chessy no es en primer lugar jurídica: es una cuestión sobre la coherencia del Estado de derecho. Un Estado que emite una OQTF y al mismo tiempo obliga a un alcalde a celebrar el matrimonio de la persona afectada se contradice a sí mismo. Esta contradicción no se resolverá con una propuesta de ley, sino con una reflexión seria sobre los fundamentos de la comunidad nacional y el derecho a la residencia.
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C’est vrai que ça fait un peu absurde : on célèbre un mariage alors que l’un des deux va peut-être être expulsé dans la semaine.